Andrés Calle, expresidente de la Cámara de Representantes y miembro del Partido Liberal, fue capturado y trasladado a la cárcel La Picota en Bogotá, tras una orden emitida por la Corte Suprema de Justicia. La detención se enmarca en el escándalo de corrupción que involucra a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), uno de los casos más graves que enfrenta el gobierno del presidente Gustavo Petro.
Calle es acusado de haber recibido un soborno de 1.000 millones de pesos para facilitar la aprobación de reformas impulsadas por el Ejecutivo. Estos fondos habrían sido desviados de contratos irregulares de la UNGRD, particularmente relacionados con la compra de carrotanques destinados a La Guajira, los cuales nunca llegaron a su destino.
La Corte Suprema abrió una investigación formal contra Calle por los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor de terceros. Testimonios de exfuncionarios de la UNGRD, como Sneyder Pinilla y Olmedo López, quienes han firmado acuerdos con la Fiscalía, señalan que Calle habría recibido pagos en efectivo para impulsar reformas gubernamentales en el Congreso.
El Partido Liberal, al que pertenece Calle, anunció la apertura de una investigación ética y disciplinaria en su contra, lamentando que estos hechos atenten contra la dignidad y el decoro de la democracia.
Por su parte, Andrés Calle ha negado rotundamente las acusaciones, afirmando que no ha cometido delito alguno y que demostrará su inocencia ante la justicia. En declaraciones anteriores, expresó que en Colombia “Se ha vuelto costumbre de delinquir y luego buscar beneficios procesales a cambio de ofrecer información construida a través de relaciones falsas”.
La detención de Calle se suma a la de Iván Name, expresidente del Senado y miembro del Partido Alianza Verde, quien también fue capturado por su presunta implicación en el mismo caso de corrupción. Ambos políticos perderán sus curules en el Congreso, los cuales no podrán ser reemplazados durante el proceso judicial.
Este escándalo ha intensificado la crisis política en Colombia y ha enturbiado el debate sobre la consulta popular promovida por el presidente Petro, vital para su agenda reformista. La opinión pública se mantiene atenta al desarrollo de las investigaciones y al impacto que este caso pueda tener en las próximas elecciones legislativas y presidenciales.