La investigación pone el foco en posibles fallas en la planeación de un proyecto clave de seguridad en Bogotá que involucra más de $14.000 millones.
Un nuevo proceso disciplinario vuelve a poner en el centro del debate la ejecución de recursos para seguridad en la capital. La Procuraduría General de la Nación abrió investigación contra varios funcionarios y exfuncionarios de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá por presuntas irregularidades en un contrato destinado a la instalación de cámaras.
El proyecto, que supera los $14.300 millones, tenía como objetivo implementar un sistema de reconocimiento de placas para fortalecer las capacidades de vigilancia en la ciudad.
Señalamientos por fallas desde la planeación
De acuerdo con la información preliminar, el ente de control investiga posibles deficiencias en la estructuración del contrato, lo que habría derivado en inconvenientes durante su ejecución.
Entre los aspectos bajo revisión están demoras en suspensiones y prórrogas, situaciones que, según la Procuraduría, habrían podido identificarse desde etapas tempranas del proceso.
Funcionarios de Bogotá en la mira
Dentro de la investigación fueron vinculados varios servidores y exservidores de la Secretaría de Seguridad, quienes deberán responder por su presunta participación en las decisiones relacionadas con el contrato. El proceso se encuentra en etapa de recolección de pruebas, tanto técnicas como documentales, con el fin de establecer si hubo irregularidades y determinar posibles responsabilidades disciplinarias.
El sistema de reconocimiento de placas hacía parte de las estrategias para mejorar la seguridad en Bogotá, en medio de los constantes llamados ciudadanos para reforzar la vigilancia y combatir delitos.
Ahora, la lupa de la Procuraduría se centra en esclarecer si los problemas detectados obedecen a fallas administrativas o a posibles irregularidades en la gestión de los recursos públicos.
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