La ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, aclaró que para que ‘Epa Colombia’ pueda acceder a la aplicación de la Ley de Utilidad Pública, que permite a las mujeres cabeza de familia no ir a la cárcel sino cumplir su condena con actividades comunitarias, es necesario que la decisión la tome un juez de ejecución de penas.
Buitrago fue enfática en que su despacho no tiene la competencia para modificar la situación judicial de Barrera, quien cumple una condena de cinco años y dos meses de prisión en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá por daños a una estación de Transmilenio en el estallido social de 2019.
“No puedo tomar la decisión de soltar a ‘Epa Colombia’ porque debe hacerlo un juez de ejecución de penas. Los posibles cambios en la condena, modificaciones o libertades, independientemente desde el punto de vista regulatorio o de trabajo, los tiene que regular un juez. Nadie puede interferir ante la decisión de un juez. Es un tema judicial y solo lo puede proferir el juez de ejecución de penas”, afirmó.
La funcionaria destacó que la Ley de Utilidad Pública busca beneficiar a mujeres que sean madres cabeza de hogar y se encuentren en condiciones de marginalidad. Sin embargo, explicó que los delitos por los que fue condenada Barrera no califican automáticamente para acceder a este beneficio.
