Millonarios pagos por consultas al RUNT entre 2021 y 2024 son el centro de una investigación que busca establecer si hubo un posible detrimento al patrimonio público.

La Contraloría de Bogotá abrió un proceso de responsabilidad fiscal contra la Secretaría Distrital de Movilidad para establecer si durante los años 2021 y 2024 se produjo un presunto detrimento patrimonial superior a los $6.500 millones por pagos relacionados con consultas al Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

De acuerdo con el organismo de control, durante ese periodo la entidad realizó más de 5,4 millones de consultas al sistema a través de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB), por las cuales se desembolsaron $6.501.689.565 de recursos públicos.

La investigación busca determinar si esos pagos eran realmente necesarios, teniendo en cuenta que parte de la información consultada también habría estado disponible en plataformas internas de la Secretaría, como SIMUR, SIMIT, Fénix y SICON.

Por estos hechos, la Contraloría vinculó al proceso a varios exsecretarios y exfuncionarios de la Secretaría de Movilidad, además de un directivo de ETB, quienes podrán presentar sus argumentos y ejercer su derecho a la defensa durante el desarrollo de la actuación fiscal.

Tras conocerse la decisión, la Secretaría de Movilidad aclaró que la apertura del proceso no representa una declaración de responsabilidad ni confirma la existencia de un detrimento patrimonial, sino que corresponde al inicio de una investigación para verificar los hechos.

La entidad también señaló que las consultas realizadas al RUNT hacen parte de procedimientos contemplados en la normatividad para adelantar funciones de control, imponer comparendos y desarrollar otros trámites administrativos.

Asimismo, explicó que las consultas objeto de análisis corresponden a servicios oficiales con acceso a información específica, distinta a la que se encuentra disponible de manera gratuita para los ciudadanos.

Finalmente, la Secretaría reiteró que colaborará con la Contraloría durante todo el proceso y aseguró que los funcionarios y exfuncionarios vinculados contarán con todas las garantías del debido proceso mientras avanzan las investigaciones.

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