De acuerdo con el Ejército, estas personas habrían sido presionadas por el grupo armado organizado residual conocido como Carlos Patiño, con el fin de obstaculizar el movimiento de las tropas. En total, se reporta que cuatro suboficiales y 53 soldados profesionales permanecen privados de su libertad, en contra de su voluntad.
Los hechos, calificados como graves por la institución militar, son considerados violaciones a los derechos fundamentales del personal involucrado, así como infracciones a la Constitución y al Código Penal colombiano. Entre los delitos señalados se encuentran el secuestro simple, concierto para delinquir, violencia contra servidor público, usurpación de funciones públicas y obstrucción a la función pública.
Este incidente ocurre en un contexto de alta tensión en el suroccidente del país, donde persisten los desafíos relacionados con el control territorial, la presencia de grupos armados y la protección de los derechos humanos.