Un juez de control de garantías envió a la cárcel a cuatro uniformados de la Policía Nacional, el 25 de abril de 2026 enLa Ceja, Antioquia
Según la fiscalía, estos agentes son señalados de torturar a un detenido para obligarlo a revelar la ubicación de una supuesta caleta con armas y dinero en el oriente de Antioquia
Los uniformados, incluyendo un intendente, dos subintendentes y una patrullera, torturaron e intimidaron al detenido en San Vicente Ferrer para que revelara la ubicación de la presunta caleta.
El detenido logró escapar y llegar a una finca en La Unión (Antioquia), donde recibió auxilio y fue puesto en contacto con unidades de la Dijin de la Policía Nacional, para su entrega voluntaria. Dos días después, el 11 de julio de 2025, el intendente Herrera Hernández, en su condición de subcomandante de la estación de policía de San Vicente Ferrer, reportó a sus superiores que el privado de la libertad se había fugado durante un traslado médico.
Los nombres de los agentes implicados en este caso son Rodolfo Herrera Hernández (intendente), Yonerse Alejandro Álvarez Marín, Sor Ángela Sánchez Duque (subintendentes) y María Gabriela Yáñez Rodríguez (patrullera).
La Fiscalía les imputó cargos por tortura, tras supuestamente sacar de la estación a al detenido para exigirle información sobre dinero y armas.
A lo largo de 2024 y 2025, se han reportado múltiples casos de capturas a uniformados por corrupción, secuestro y extorsión, destacando operativos contra redes de contrabando y abuso de autoridad en Bogotá y otras regiones.