El Ministerio de Trabajo confirmó que en los próximos días el Gobierno nacional expedirá un decreto con medidas orientadas a controlar el comportamiento de los precios y avanzar en la desindexación de bienes y servicios, tras el incremento del salario mínimo que comenzó a regir desde el 1 de enero de 2026.
El anuncio fue hecho por el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, durante una entrevista radial, en la que explicó que la decisión busca prevenir presiones inflacionarias y evitar prácticas especulativas luego del aumento del 23,78 % decretado por el Ejecutivo.
Según el jefe de la cartera laboral, el ajuste salarial se fundamentó en la evolución reciente de varios indicadores económicos. Recordó que la inflación pasó de niveles cercanos al 14 % a ubicarse alrededor del 5,2 %, mientras que la tasa de desempleo cerró el año en 7 %. A ello se suma un crecimiento económico del 2,9 % en 2025, con una expansión del 3,6 % durante el último trimestre.
Sanguino sostuvo que estos resultados se han registrado a pesar de los incrementos del salario mínimo en años anteriores, los cuales —según indicó— han contribuido a mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores. En ese contexto, afirmó que el aumento para 2026 apunta a reducir la brecha entre el salario mínimo legal y el concepto de salario vital, en línea con las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
En relación con el consumo, el ministro señaló que el incremento salarial podría dinamizar la economía interna. De acuerdo con estimaciones del Gobierno, cerca de 2,4 millones de trabajadores que devengan el salario mínimo generarían un aumento aproximado de 800.000 millones de pesos mensuales en consumo, recursos que se moverían principalmente en el comercio local y la pequeña producción.
No obstante, el funcionario reconoció que los ajustes salariales suelen generar riesgos de inflación y especulación. Por esta razón, indicó que el Gobierno mantendrá un monitoreo permanente del mercado y tomará medidas sancionatorias frente a incrementos injustificados en los precios. “La especulación debe ser controlada y sancionada”, señaló.
Como parte de este plan, el Ejecutivo avanza en un decreto de desindexación para los pocos bienes y servicios que aún siguen ligados al salario mínimo. El ministro precisó que ya se han desindexado 225 rubros y que actualmente se analizan otros 14, entre ellos algunos asociados a la vivienda de interés social.
Finalmente, Sanguino explicó que estas acciones estarán acompañadas de estrategias de apoyo a las pequeñas y medianas empresas, como líneas de crédito especiales, incentivos al empleo formal de hasta el 35 % del salario mínimo y eventuales alivios tributarios, en coordinación con los ministerios de Hacienda y Comercio.