En la madrugada de este martes, la Alcaldía de Bogotá intervino en el Parque Nacional para impedir que un grupo de indígenas emberá instalara nuevamente un asentamiento en el lugar. Funcionarios del Distrito permanecen en la zona realizando acompañamiento y monitoreo, con el fin de garantizar que el espacio público no sea ocupado.
El secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, reiteró que la administración no permitirá esta “vía de hecho” e hizo un llamado a los voceros de la comunidad para evitar riesgos, especialmente para niñas, niños y adolescentes. “El parque se mantendrá sin ningún tipo de ocupación. No pueden exponer a los menores a las condiciones de este espacio”, afirmó.
Un conflicto que lleva años
La situación no es nueva. En mayo de 2025, cerca de 300 emberás retornaron al Parque Nacional tras salir de la UPI La Rioja. Según la Secretaría de Gobierno, más de 150 eran menores, lo que generó preocupación por la ausencia de agua potable, baños, infraestructura de salud y seguridad vial.
Desde 2021, esta comunidad ha alternado entre permanencias en el Parque Nacional, traslados a albergues temporales y retornos a sus territorios, con acompañamiento institucional. En 2023, la Defensoría del Pueblo alertó sobre condiciones de hacinamiento, falta de salubridad e infestaciones en la UPI La Rioja, donde vivían cientos de personas.
Impacto para la ciudad y retos institucionales
La ocupación ha afectado el funcionamiento del Parque Nacional, obligando al IDRD a suspender actividades deportivas y recreativas para miles de ciudadanos. La Alcaldía asegura haber invertido más de $22.000 millones en atención, transporte y reubicación de la comunidad, pero advierte que la situación es insostenible sin mayor respaldo del Gobierno nacional.
Aunque continúan las mesas de diálogo, el Distrito insiste en que el espacio público no es un lugar apto para asentamientos permanentes y que se requieren soluciones estructurales, sostenibles y con enfoque de derechos.
